Persistencia del trabajo de abogacía para justicia reproductiva en un entorno pos-Roe

Créditos fotográficos: Wikimedia Commons

Junio marcará un año desde que la corte suprema anuló la decisión Roe v. Wade. Desde que pasó esta decisión, 12 estados han prohibido el aborto y otros han puesto restricciones al acceso promulgadas por otros estados. Desde la revocación, las organizaciones sin fines de lucro en Texas han estado navegando el panorama legal cuidadosamente mientras continúan ayudando a los tejanos a acceder a recursos para la salud reproductiva.

En estados conservadores como Texas, organizaciones que abogan por los derechos reproductivos como “Fund Texas Choice”, estuvieron inseguros de como la nueva decisión afectará su misión. La organización sin fines de lucro ayuda a tejanos a financiar los gastos de transportación y coordinar alojamiento para acceder una clínica de aborto junto con reembolsos para el cuidado de los niños. 

Jaylynn Farr Munson, 31, gerente de desarrollo y comunicaciones para la organización, describió la reacción cuando la Corte Suprema anuló Roe v. Wade. 

“Si estábamos definitivamente devastados junto con el resto del país, no nos sorprendió y nuestro equipo de programas trabajó horas extra. Realmente no puedo expresar lo suficiente cuánto fue y seguirá siendo un trastorno perder las protecciones de Roe para cualquiera que esté involucrado en la justicia reproductiva y el acceso”, dijo Munson. 

En Texas, el 40% de la población es Latinx. En 2021, hubo un total de 52.495 abortos en el estado. Los individuos hispanos constituyeron un total de 18.774 de interrupción inducida del embarazo en 2021. Un estudio reciente rastreó los viajes fuera del estado entre los residentes de Texas cuando una orden ejecutiva suspendió los servicios de aborto durante la pandemia de Covid-19. 

Antes de la orden, el 38% de los tejanos viajaron para abortos fuera del estado, mientras que durante la orden, la cifra aumentó a 81%. Además, los tejanos en condados económicamente desfavorecidos representaron el 52% de los que viajaron fuera del estado para abortos antes de la orden. Durante el período de la orden ejecutiva, constituyeron el 12% para abortos fuera del estado. La mayoría está compuesta por el 68% de los residentes de Texas que residían en condados con altos ingresos.

Isabel Zepeda, 36, es cofundadora y coordinadora de justicia reproductiva de Sueños Sin Fronteras, un colectivo de mujeres de color con sede en San Antonio, Texas. La organización sin fines de lucro trabaja con una lente de justicia reproductiva para enfocarse en la construcción de resultados positivos de salud y sanación para inmigrantes indocumentados y personas embarazadas en San Antonio. La organización proporciona apoyo de pares, abogacía y recursos comunitarios. 

“Antes de la revocación, había pólizas estatales que estaban cerrando clínicas. Entonces, ya estábamos viendo lo que podría suceder a nivel masivo. Ya lo estábamos experimentando”, dijo Zepeda. “La única clínica que era accesible cerca de la frontera ahora está cerrada, así que todas esas personas indocumentadas que están en la frontera detrás del puesto de control ni siquiera pueden hacer eso”, explicó Zepeda.  

El programa de estudio basado en la universidad de California de San Francisco, “Advancing New Standards in Reproductive Health” (ANSIRH) muestra las dificultades económicas que experimentan las mujeres cuando buscan un aborto. Según el reporte de 2018, “la mitad tenía ingresos por debajo del nivel de pobreza federal y tres cuartas partes reportaron no tener suficiente dinero para pagar las necesidades básicas”. Adicionalmente, después de un aborto denegado, las mujeres tienen tres veces más probabilidad de estar desempleadas que las mujeres que podían acceder un aborto.

Laura Molinar, 31, es cofundadora y codirectora de Sueños Sin Fronteras. 

“La falta de oportunidades económicas, especialmente para las mujeres indocumentadas, se traduce en la imposibilidad de acceder a un empleo flexible, al cuidado de los niños, al acceso a salarios justos y a condiciones de trabajo equitativas que a su vez afectan su capacidad de pagar el alquiler y comprar alimentos para sus familias”, dijo Molinar. “Las políticas en Texas cuando se trata de beneficios públicos son tan restrictivas cuando se trata de inmigrantes indocumentados. Una mujer inmigrante indocumentada sólo puede recibir atención médica si está embarazada, y esa atención médica es esencialmente sólo para su bebé porque termina en el momento cuando da luz”.

En septiembre de 2021, Texas promulgó la ley que prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo. La decisión del estado inspiró un estudio para comparar las solicitudes diarias de un servicio a la línea sin fines de lucro, “Aid Access”, que envía píldoras abortivas por correo. El estudio encontró un aumento diario en las solicitudes comenzando con 10 solicitudes antes de que se promulga la ley a un promedio de 137 solicitudes dentro la primera semana después de que la ley entró en vigencia.

Las cortes del Distrito Norte de Texas en el distrito de Amarillo están considerando prohibir la píldora abortiva. Un juez federal de Texas está posponiendo la aprobación de la FDA de la “mifepristona”, una píldora abortiva. En comparación, en marzo, el Caucus Legislativo de Mujeres de California y el Consejo del Futuro del Aborto de California presentaron un paquete con 17 piezas de legislación que amplían el acceso a la atención médica reproductiva y de afirmación de género en California, incluida la provisión de protecciones legales para los médicos de California que envían por correo píldoras abortivas a otros estados. 

La revocación de la Corte Suprema de Roe v. Wade ha visto un marcado contraste entre los estados santuario del aborto como California y los estados con una prohibición casi total. 

“El objetivo general y por lo que luchamos todos en este movimiento es que el aborto se considere un cuidado de la salud y se trate como un procedimiento médico reproductivo estándar. Al igual que cualquier otro procedimiento médico al que una persona podría optar por someterse o al que su médico podría recomendarlo. Quitar eso es fundamentalmente inmoral, y estamos tratando de cambiar la percepción de la sociedad sobre el aborto para que más personas entiendan por qué es una opción para una de cada cuatro personas que pueden quedar embarazadas en un momento dado”, dijo Munson.